La ley 8.318 otorgaba exenciones fiscales de hasta un 80 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural a aquellas explotaciones agropecuarias que llevasen adelante prácticas conservacionistas en sus suelos. Es de destacar que bajo este régimen el productor realizaba importantes inversiones para garantizar la sustentabilidad del sistema productivo. A instancias del poder Ejecutivo provincial, esta ley fue modificada a fines del año pasado y estableció un tope del 35 por ciento a las exenciones, que ahora se pretende aplicar hacia atrás transgrediendo notoriamente derechos constitucionales.
Productivamente, los cambios realizados a esta ley representaron un grave retroceso para Entre Ríos, ya que fue la primer provincia en estimular la preservación del recurso natural suelo, atendiendo a la realidad agrícola provincial, por la vulnerabilidad de los procesos erosivos.
En los últimos años se han presentado alrededor de 400 mil hectáreas para la desgravación del Impuesto, lo que representa solo una parte de área de producción de la Provincia, faltando aún mucho para hacer, indicó la agencia periodística Recintonet.
En este marco el impacto en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural ha sido mínimo para la provincia, pero los beneficios para las zonas más críticas han sido enormes, esto ha tenido reconocimientos nacionales y hasta de programas específicos de Naciones Unidas.
Sumado a las acciones legales que la ATER ha iniciado a una enorme cantidad de productores, que no han podido cumplir con sus impuestos, ratifica la visión fiscalista y recaudatoria del Estado provincial, que agravará aún más la delicada situación de los productores entrerrianos.
Fuente: Diario El Argentino.
